Sí, así tal cual: un diputado de la República cumplió condena por haber estafado a quien hoy en día paga su salario.

Y si eso resulta poca cosa, ahora ese mismo diputado podría llegar a ocupar el cargo de presidente de la Asamblea, lo cual quiere decir que existe la posibilidad de que ocupe, al menos temporalmente, el cargo de Presidente de la República.

Así, en Español: una persona que cumplió condena por estafar al Estado podría llegar a ser Presidente.

Un abogado me podría decir que cumplió la pena y pagó su deuda a la sociedad y todo eso. A mí honestamente eso no me importa, pues sería el acabose en la situación en la que estamos llegar al punto de tener un presidente con esas calidades. Mejor digamos de una vez que el último que salga por favor apague la luz.

El caso me resulta doblemente insultante, pues yo soy costarricense, pero no nací en Costa Rica. Resulta que la Constitución de la República indica claramente que yo nunca podré optar por el puesto de Presidente.

Soy igual al resto de los ciudadanos de la República, pero no igualitico.

En Costa Rica, yo, que voluntariamente opté por la cuidadanía del país, tengo menos derechos que una persona que voluntariamente optó por cometer una falta contra toda la sociedad. A él se le perdona habernos robado a todos, incluyéndome a mi, pero a mi no se me perdona haber nacido en otro país.

Ayer se publicó en un diario nacional una nota sobre un “taller de open data” llevado adelante por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, a cargo de Alicia Avendaño.

Leí con interés la nota puesto que llevo muchos años metiendo la cuñita, cada vez que puedo, respecto a la necesidad de publicar no solo resultados sino también los datos a partir de los cuales se derivan esos resultados. Ese interés nació en mi una vez que comencé a notar, probablemente aún estado en el colegio, que la máxima esa de que los artículos científicos deben publicar resultados verificables y reproducibles en la enorme mayoría de los casos no se cumple. En los cursos de laboratorio de Física y Química nos penalizaban severamente si no incluíamos tablas con todos los datos que habíamos medido, al punto que los reportes de laboratorio usualmente incluían páginas y páginas con tablas. Sin embargo una vez que se superan esos laboratorios esas tablas comienzan a desaparecer de los reportes, y son substituidas por versiones resumidas, donde por ejemplo ya no vienen todos los datos individuales que fueron medidos, sino solo sus promedios, con suerte acompañados por incertidumbres. Luego incluso esos datos comienzan a desaparecer y se transforman en gráficos de los cuales es prácticamente imposible recuperar los datos o peor aún, reportes agregados, donde los datos se refieren a dominios cada vez más amplios.

Un buen ejemplo de esto último son las encuestas de opinión. Una encuesta típica en Costa Rica emplea una muestra de mil personas. Suponiendo que se le hagan 10 preguntas a esas mil personas, y que sean preguntas cerradas (¿está casado? ¿cuál galleta le gusta más? ¿a cuántos de sus vecinos conoce por nombre?) y no abiertas (¿qué piensa de los turecas del PASE?), esos datos se pueden guardar en un archivo de 100 kB, es decir, nada del otro mundo. Este archivo existe, pues es necesario para poder reducir los datos (“el 24% de los encuestados en Desamparados está casado”, “el 43% de los encuestados prefiere las Chiqui”, “el 81% de los encuestados no conoce a ninguno de sus vecinos por nombre”), pero nunca se publica.

Alguna vez hace unos tres años, en ocasión de que Manuel Rojas mencionara en radio los resultados de una encuesta en la que había trabajado y que él se quejaba respecto a como las encuestadoras comerciales nunca publican ni siquiera los datos reducidos, sino que se los entregan al cliente para que haga con ellos lo que le venga en gana y los presente como le venga en gana, le escribí al él solicitándole exactamente esto: los datos crudos de la encuesta en la que había trabajado, por supuesto removiendo cualquier información que pudiese servir para identificar a los encuestados, si es que la hubiese. Por supuesto me contestó que tendría que hablarlo con sus colegas y que me respondería luego. Hoy todavía estoy esperando la respuesta, y ni se diga de los datos.

¿Por qué podría querer uno los datos crudos? Por la misma razón que en los laboratorios nos penalizaban no presentar las mediciones originales: verificabilidad. Es muy fácil mentir y decir que según la encuesta el 43% de los encuestados prefiere las Chiqui. Es más difícil construir un conjunto de datos consistente en el que en efecto el 43% de las respuesta sean “prefiero las Chiqui”. Por ejemplo, si fabrico 78 respuestas y en esas 33 personas “dicen” Chiqui, eso corresponde a 42%. Si hago que sean 34 personas, eso es 44%. Otra razón para querer los datos crudos es exploración de los mismos. Tal vez el hecho que 43% prefiera Chiqui no es el dato más relevante. Tal vez ahí esté escondido el hecho que en Moravia nadie come Chiqui y en Desamparados todos comen Chiqui. Tal vez la distribución geográfica sea lo interesante, tal vez la correlación con la edad de los encuestados. Tal vez la hora del día o el día de la semana. Tal vez sea cualquier cosa que no fue considerada originalmente o que no fue presentada en la publicación.

Y esa es exactamente la importancia de “Open Data”: verificar, reproducir y explorar.

Luego de buscar un rato, encontré un comunicado de prensa respecto a este tema. Voy a omitir comentar respecto a lo absurdo de realizar un comunicado de prensa sobre este tema en Facebook, pero eso sí dice muchísimo respecto al entendimiento del tema de los involucrados. Allí hacen referencia a Open Goverment Partnership. Rápidamente da uno con Costa Rica, donde lo notable no es la participación, sino la auscencia de los compromisos (ignorando el paupérrimo Inglés). ¿Cómo se ve una participación que no dé vergüenza? Vean Uruguay. Vean el plan de acción de Uruguay. Vean los datos publicados por Uruguay (bueno, los datos pueden mejorar mucho, ya que están dispersos y en formatos dispares). Vean los principios de manejo de datos de Montevideo. Entre lo que Costa Rica parece decir que podría llegar a hacer y lo que Uruguay hace hay la misma diferencia que entre el Invierno y el Verano.

Demuestra con esto el PASE que su palabra no vale absolutamente nada y como no va a ser así, si son un partido cuya única característica real es ser pedigüeños que se van a donde más caliente el sol. Ya a inicios de este año había salido Óscar López poniendo los votos de sus diputados a “disposición” del PLN, y más de uno salió al paso diciendo que eso no era más que un intento por desacreditar al partido. Ya vieron.

Hay que reconocer la habilidad del PLN para entrarle por el lado más flaco al asunto además de saber reconocer la oportunidad, pues esto ocurre justo en el momento que en principio se había logrado llegar a una solución en torno al tema de quién pondría el ML como presidente, al retirar el nombre de Danilo Cubero, tal como venía pidiendo el PAC desde hace ya varios meses.

Es triste también ver la miopía de los partidos de oposición al dejar ese portillo abierto durante tanto tiempo, no porque vayamos a desandar todo lo que se había avanzado, sino porque demuestra una vez más la pobre práctica política que existe en Costa Rica, donde por defender un milímetro de acera abandonamos un kilómetro de patio.

Sin embargo en vista de lo ocurrido con la reforma tributaria, no queda otra cosa que preguntarse si es del todo posible reformar el sistema sin recurrir a una Constituyente. Muchos entendemos la necesidad de una Constituyente en términos de que es, por definición, imposible que una Asamblea Constituyente sea inconstitucional. Es decir, no importa qué se resuelva o cómo se resuelva, simplemente no es posible que la Sala IV meta sus tentáculos ahí. Lo que una Constituyente decida es lo que es. Si una de esas decisiones es limitar el alcance de la Sala IV, la Sala IV no puede hacer nada al respecto. En cambio, si ocurriera que por fin se presenta un proyecto de reforma constitucional para limitar el alcance de la Sala IV, es no solo posible sino muy probable que la misma sala decida que tal cosa sea inconstitucional y se eche abajo la reforma. Lo mismo vale para una reforma del sistema para la elección de diputados, dado que la conformación de la Asamblea Legislativa puede indirectamente afectar la conformación o incluso el funcionamiento de la Sala IV. Sí, estoy diciendo que los magistrados de la Sala IV se opondrían a una reforma que les quite poder.

Don Víctor considera que la Asamblea Constituyente no es viable porque no todos los intereses del país estarían adecuadamente representados. Él en alguna medida cree en un poder detrás del poder que sería quien designaría a los constituyentes de forma que sea posible barrer con todas las leyes que estorban (por ejemplo, la normativa laboral) y poner las que desean (por ejemplo “reducir” el gasto). Esto es ciertamente un riesgo, y uno podría presentar como evidencia las votaciones recientes (Óscar Arias, referendo del 2007, Laura Chinchilla) en las que no es posible desconocer que la manipulación mediática tuvo incidencia en los resultados. Yo en eso soy quizás un poco más ingenuo o iluso, pues quiero creer que la gente, enfrentada a la realidad de una elección para Asamblea Constituyente, no podría ignorar el hecho que no se trata de un tanteo para los próximos cuatro años sino una decisión para los próximos 50. Uno podría incluso alegar que el referendo del 2007 es prueba de ello.

Creo que todavía estamos lejos de una crisis pero, igual que Camila Vallejo hablando respecto a Chile recientemente en una entrevista con Vivian Lavín, creo que también para Costa Rica es necesaria, en el sentido de que en este momento estamos haciendo las cosas equivocadas por lo que creemos que son las razones correctas y eso evita que nos demos cuenta que ya vamos camino de la crisis. Así la crisis constituye el evento sorpresivo, desestabilizante y atemorizador que nos permite percibir la realidad por lo que es. La alternativa es que aprendamos del pasado para darnos cuenta hacia donde vamos en el futuro y así podamos realizar los cambios necesarios antes de que el asunto se torne traumático. Para Costa Rica eso significa hacer las cosas por la vía electoral, la cual se encuentra a dos largos años de distancia. La alternativa es la protesta social, pero la manipulación mediática en la que nos hemos permitido caer ha efectivamente anulado esa vía.

No me malentiendan: creo que Herrero es un caradura por no haber puesto su renuncia hace una semana, y Laura Chinchilla una blandengue por no sacarlo cuando el se negó a renunciar. Y más caradura aún por decir ahora que quiere dedicar tiempo a su familia y a la construcción de una nueva vida lejos de las actividades gubernamentales. Si eso fuera cierto habría renunciado hace un mes, o dos o seis, pero no una semana después de que le ha llovido por todas partes.

El problema está en que su renuncia es lo que La Nación venía buscando. Para el grupo de interés económico detrás de La Nación la reforma tributaria es simplemente inaceptable. No se trata ni siquiera de pagar más o de pagar lo que deben pagar, sino de pagar, y más que pagar, pagarle al Estado. Para la gente que comparte su mentalidad hay una diferencia fundamental entre quemar un billete de mil colones y entregarle un billete de mil colones al Estado: sin importar que el efecto neto sea el mismo, lo segundo es pecado, pero lo primero es capricho. Prefieren incluso regarlarle el dinero al primer fulano que se encuentren en la calle antes que pagar impuestos.

La Nación viene desde hace un mes trabajando en este asunto: comenzó con el Poder Judicial, sacando sus trapos sucios, siguió con el Poder Ejecutivo, de lo cual Herrero fue la cereza del pastel y terminó con el Poder Legislativo. Esto es simplemente una advertencia: vean lo que podemos hacer si nos siguen jodiendo, así que paren ahora que pueden.

Acá es cuando la postura de Ottón Solís, de la cual tanta gente en Costa Rica hace mofa, se vuelve de fundamental importancia: no se pueden tener trapos sucios escondidos porque nadie sabe cuándo los van a encontrar ni quién los va a encontrar ni para qué los van a usar cuando los encuentren. La única forma de no tener trapos sucios es no ensuciándolos en primer lugar. Y aún con esa postura, gracias a sus propias falencias, lograron involucrarlo también a Ottón en esta trifulca. Le llevan ganas, y si no sacaron nada más grande es porque no encontraron nada más grande. Pero lograron lo que buscaban, porque ahora la gente dirá, apenas Ottón abra la boca, “¿y usted qué tanto habla, si también estaba evadiendo impuestos?”

La Nación buscaba instalar eso en la opinión pública, y lo logró. Tienen, para usar un lugar común, al pueblo de su lado.

Estoy seguro que cuando se retome la discusión de la reforma en la Asamblea, La Nación va a sacar más cosas a la luz pública. Dependiendo de qué tan importantes sean las cartas que tienen guardadas, puede ser que el gobierno decida sacrificar uno o dos corderos más. Puede ser que tengan algo sobre Liberman o tal vez sobre Chinchilla, y si es así ahí se verá realmente que tan patriotas son los que aseguran que sangran rojo, blanco y azul.

El sábado mientras esperábamos el tren de la Sabana a San Pedro, observé durante una buena media hora a varios oficiales de tránsito no solo perder el tiempo conversando sino además ignorando groseramente decenas de vehículos estacionados a la par de sendos letreros de “NO ESTACIONAR”. Incluso vi como uno de los motorizados salió en su moto, avanzó menos de cincuenta metros y le habló a dos muchachas que se estaban parqueando en la misma zona. Por estar lejos, al otro lado de la calle, no podía escuchar lo que les decía, pero por los ademanes que hacía señalando el letrero de “NO ESTACIONAR” supongo yo que les estaba diciendo que no podían quedarse ahí… ¿y todos los demás vehículos? Tal vez los oficiales lo prefieren ignorar, pero esta conducta en Costa Rica tiene nombre y está penalizado.

En la fotografía se observan las dos patrullas del MOPT que estuvieron parqueadas en doble fila en el sitio durante todo el tiempo que esperamos el tren. Habían al menos cinco oficiales que no hicieron otra cosa que conversar cómodamente durante ese rato. Por estar esperando un tren que no sabía a qué hora llegaba no pude aproximarme más para tomar los números de placa y poner la denuncia del caso.

Si uno ve que es imposible pasar la calle antes de que el semáforo se vuelva a poner en rojo, ¿por qué insisten en dejar el carro atravesado en media calle?

Este grupo de estúpidos antisociales, incluído el chofer del bus, tuvieron la calle paralizada por unos buenos diez minutos, porque la gente que venía de la Rotonda de la Hispanidad no podía avanzar por los carros atravesados en la calle, que no se podían mover por el bus atravesado en la calle, que no se podía mover porque en la rotonda ochocientos metros más adelante nadie se podía mover porque la gente que iba hacia San José no podía avanzar.

Todos los años en el permiso de circulación (marchamo) el INS cobra entre otras cosas dos rubros identificados como “seguro obligatorio de automóviles” y “aporte al consejo de seguridad vial.” El último todos entendemos al menos de forma intuitiva qué es. El segundo item tiene fundamento en la ley 6324 (ley de administración vial) de abril de 1979, que dice (énfasis mío):

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo contará con los siguientes recursos, que formarán el Fondo de Seguridad Vial: [...] b) El treinta y tres por ciento (33 %) de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de Vehículos Particulares;

Hay dos formas de interpretar esto.

La primera es que el Instituto Nacional de Seguros recauda una suma por concepto de seguro obligatorio y le entrega el 33% al COSEVI.

La segunda es que el Instituto Nacional de Seguros toma el número correspondiente al seguro obligatorio, calcula el 33% y cobra esa cantidad de manera adicional al seguro obligatorio y eso se lo entrega al COSEVI.

Yo pienso que la forma correcta es la primera, y no hay que ser adivino para saber que el INS prefiere la segunda. Mi razonamiento es simple: si a mi me dicen “haceme un favor: andá cobrarle el alquiler a mi inquilino, y dejate el 33% de lo que recaudés” a mi no me pasa nunca por la cabeza cobrar un 33% adicional para poder dejármelo. Yo cobro, me dejo el 33% de lo que me den, y entrego el 67% que sobra. El razonamiento del INS también es simple: si hago lo que este loco dice recibo menos plata.

Para vehículos particulares el seguro obligatorio y consecuentemente el aporte al COSEVI son montos fijos. Este año son 5248 colones. Si suponemos que en el país circulan 750 mil vehículos de este tipo, el total del seguro obligatorio son casi 12 mil millones de colones (23+ millones de dólares), y el aporte al COSEVI son casi 4 mil millones más (7+ millones de dólares). En otras palabras: el INS nos cobra 4 mil millones de colones de más y se los embolsa.

El INS viene haciendo esto por mucho tiempo, y hace ya algunos años llamé para consultar al respecto, y obviamente me dijeron que ellos estaban haciendo las cosas tal cual lo indicaba la ley. Llamé al COSEVI y curiosamente me indicaron que en efecto estaban al tanto de la situación, que habían hecho gestiones ante el INS, pero que el INS defiende que la forma en la que está procediendo es la correcta. Consulté con la defensoría de los habitantes y me dijeron que ellos no podían hacer nada, igual que la defensoría del consumidor. He escrito en múltiples ocasiones a diputados respecto a este tema y nunca he recibido respuesta. Solo en el tiempo que yo he tenido vehículo propio, he pagado un exceso de casi cuarenta mil colones, que traducido a la flota vehicular del país vienen a ser 21 mil millones de colones, centavos más, centavos menos. Alguien (a quien le sobre la plata) podrá aducir que cuarenta mil colones no es tanto, pero dado que me toca lidiar con calles y carreteras mal demarcadas a diario, que son causa de accidentes, a mi me parece que es un montón. Cuarenta mil colones pagan muchos litros de pintura para poner la señalización faltante, y estoy seguro que pagan por la operación de más de un semáforo en todos los lugares que los requieren.

Desde mi óptica el INS también está estafando al COSEVI, pues no le está entregando el 33% de lo que recauda, tal cual dice la ley, sino el 25%: el INS cobra 15903+5248=21151 colones, y le da al COSEVI ¢5248. Este último monto es el 25% de ¢21151, no el 33%. El 33% serían ¢6980. Si el INS cobrase ¢23735 y le entregase al COSEVI ¢7832 recibiría lo mismo que ahora, y además estaría cumpliendo con la ley al entregarle al COSEVI el 33% de eso. Obviamente perdemos los propietarios de vehículos particulares, pero gana el COSEVI. Si el INS cobrase ¢15903 y le entregara al COSEVI ¢5248 nosotros ganamos porque pagamos menos, el COSEVI queda igual y el INS estaría cumpliendo con la ley, pero pierde porque recibe menos dinero.

¡Opciones existen, lo que parece que no existe es la voluntad para hacer las cosas como se debe!

Desde mi punto de vista el problema con las cámaras de vigilancia no está en las multas [...] sino más bien en las cámaras propiamente. Comenzamos con esta locura en las municipalidades de San Pedro y San José, que instalaron cámaras de vigilancia en las calles dizque para mejorar la seguridad en las calles. Ahora vamos con cámaras para controlar el tránsito, y a como pinta la cosa cada día serán más. Sabiendo como somos en Costa Rica, eventualmente llegaremos a la situación de Londres, donde las cámaras están por doquier y no sirven para el propósito con el que fueron vendidas.

El día 5 de noviembre aparece una entrevista en La Nación con José Navarro, representante del consorcio que opera los famosos aparatos. El está preocupado por su platica, pues RACSA básicamente no le ha dicho por qué le suspendió el contrato. Debería ser evidente que es porque el COSEVI decidió curarse en salud y suspender la aplicación de multas, pero eso a don José le parece extraño, pues él señala:

Queremos saber los motivos y el dimensionamiento. Hay que hablar con Cosevi, porque aparte de esto (levantar infracciones), hay otra servicios que se le están brindando, son servicios informativos y estadísticos que no están relacionados con infracciones. Hay que ver si lo que suspenden es solo lo de infracciones. [...] Es una información muy amplia, les da tiempos de viaje, cantidad de vehículos por tamaño, rango de velocidades [...]

En corto: las cámaras no solo están ahí para controlar infracciones de tránsito. Técnicamente es posible usarlas para vigilar a personas, y no hay nada que indique no se están usando para tal efecto, más tomando en cuenta que como herencia de Rodrigo Arias en el OIJ tenemos una flamante oficina dedicada exactamente a tal cosa, y la que en virtud de la ley vigente puede aplicar medidas excepcionales para cumplir con su mandato.