Todos los años en el permiso de circulación (marchamo) el INS cobra entre otras cosas dos rubros identificados como “seguro obligatorio de automóviles” y “aporte al consejo de seguridad vial.” El último todos entendemos al menos de forma intuitiva qué es. El segundo item tiene fundamento en la ley 6324 (ley de administración vial) de abril de 1979, que dice (énfasis mío):

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo contará con los siguientes recursos, que formarán el Fondo de Seguridad Vial: [...] b) El treinta y tres por ciento (33 %) de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de Vehículos Particulares;

Hay dos formas de interpretar esto.

La primera es que el Instituto Nacional de Seguros recauda una suma por concepto de seguro obligatorio y le entrega el 33% al COSEVI.

La segunda es que el Instituto Nacional de Seguros toma el número correspondiente al seguro obligatorio, calcula el 33% y cobra esa cantidad de manera adicional al seguro obligatorio y eso se lo entrega al COSEVI.

Yo pienso que la forma correcta es la primera, y no hay que ser adivino para saber que el INS prefiere la segunda. Mi razonamiento es simple: si a mi me dicen “haceme un favor: andá cobrarle el alquiler a mi inquilino, y dejate el 33% de lo que recaudés” a mi no me pasa nunca por la cabeza cobrar un 33% adicional para poder dejármelo. Yo cobro, me dejo el 33% de lo que me den, y entrego el 67% que sobra. El razonamiento del INS también es simple: si hago lo que este loco dice recibo menos plata.

Para vehículos particulares el seguro obligatorio y consecuentemente el aporte al COSEVI son montos fijos. Este año son 5248 colones. Si suponemos que en el país circulan 750 mil vehículos de este tipo, el total del seguro obligatorio son casi 12 mil millones de colones (23+ millones de dólares), y el aporte al COSEVI son casi 4 mil millones más (7+ millones de dólares). En otras palabras: el INS nos cobra 4 mil millones de colones de más y se los embolsa.

El INS viene haciendo esto por mucho tiempo, y hace ya algunos años llamé para consultar al respecto, y obviamente me dijeron que ellos estaban haciendo las cosas tal cual lo indicaba la ley. Llamé al COSEVI y curiosamente me indicaron que en efecto estaban al tanto de la situación, que habían hecho gestiones ante el INS, pero que el INS defiende que la forma en la que está procediendo es la correcta. Consulté con la defensoría de los habitantes y me dijeron que ellos no podían hacer nada, igual que la defensoría del consumidor. He escrito en múltiples ocasiones a diputados respecto a este tema y nunca he recibido respuesta. Solo en el tiempo que yo he tenido vehículo propio, he pagado un exceso de casi cuarenta mil colones, que traducido a la flota vehicular del país vienen a ser 21 mil millones de colones, centavos más, centavos menos. Alguien (a quien le sobre la plata) podrá aducir que cuarenta mil colones no es tanto, pero dado que me toca lidiar con calles y carreteras mal demarcadas a diario, que son causa de accidentes, a mi me parece que es un montón. Cuarenta mil colones pagan muchos litros de pintura para poner la señalización faltante, y estoy seguro que pagan por la operación de más de un semáforo en todos los lugares que los requieren.

Desde mi óptica el INS también está estafando al COSEVI, pues no le está entregando el 33% de lo que recauda, tal cual dice la ley, sino el 25%: el INS cobra 15903+5248=21151 colones, y le da al COSEVI ¢5248. Este último monto es el 25% de ¢21151, no el 33%. El 33% serían ¢6980. Si el INS cobrase ¢23735 y le entregase al COSEVI ¢7832 recibiría lo mismo que ahora, y además estaría cumpliendo con la ley al entregarle al COSEVI el 33% de eso. Obviamente perdemos los propietarios de vehículos particulares, pero gana el COSEVI. Si el INS cobrase ¢15903 y le entregara al COSEVI ¢5248 nosotros ganamos porque pagamos menos, el COSEVI queda igual y el INS estaría cumpliendo con la ley, pero pierde porque recibe menos dinero.

¡Opciones existen, lo que parece que no existe es la voluntad para hacer las cosas como se debe!

Desde mi punto de vista el problema con las cámaras de vigilancia no está en las multas [...] sino más bien en las cámaras propiamente. Comenzamos con esta locura en las municipalidades de San Pedro y San José, que instalaron cámaras de vigilancia en las calles dizque para mejorar la seguridad en las calles. Ahora vamos con cámaras para controlar el tránsito, y a como pinta la cosa cada día serán más. Sabiendo como somos en Costa Rica, eventualmente llegaremos a la situación de Londres, donde las cámaras están por doquier y no sirven para el propósito con el que fueron vendidas.

El día 5 de noviembre aparece una entrevista en La Nación con José Navarro, representante del consorcio que opera los famosos aparatos. El está preocupado por su platica, pues RACSA básicamente no le ha dicho por qué le suspendió el contrato. Debería ser evidente que es porque el COSEVI decidió curarse en salud y suspender la aplicación de multas, pero eso a don José le parece extraño, pues él señala:

Queremos saber los motivos y el dimensionamiento. Hay que hablar con Cosevi, porque aparte de esto (levantar infracciones), hay otra servicios que se le están brindando, son servicios informativos y estadísticos que no están relacionados con infracciones. Hay que ver si lo que suspenden es solo lo de infracciones. [...] Es una información muy amplia, les da tiempos de viaje, cantidad de vehículos por tamaño, rango de velocidades [...]

En corto: las cámaras no solo están ahí para controlar infracciones de tránsito. Técnicamente es posible usarlas para vigilar a personas, y no hay nada que indique no se están usando para tal efecto, más tomando en cuenta que como herencia de Rodrigo Arias en el OIJ tenemos una flamante oficina dedicada exactamente a tal cosa, y la que en virtud de la ley vigente puede aplicar medidas excepcionales para cumplir con su mandato.

Hay muchos temas en que la mayoría de gente van a estar deacuerdo independientemente lo que pensemos en temas ambientales, económicos y políticos, de ahí es donde se puede sacar una manifestación que realmente pretenda no identificarse con una ideología pero lo que he podido ver hasta los Ops de Anonymous se identifican con consignas específicas en las que no estoy deacuerdo.

En menos palabras: “estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero no estoy de acuerdo con las razones por las que lo están haciendo.”  El problema con eso es que no se sostiene.

El tema, yo creo, hay que verlo de esta forma: asumamos por un momento que todas las cosas que los indignados señalan son válidas.  ¿Válidas respecto a qué?  ¿con respecto a un conjunto de valores universales?  Eso no existe.  ¿Con respecto a conjunto de ideas socialmente aceptadas y plasmadas en la constitución de cada nación? ¿y de dónde creen que salieron esas ideas?  La razón por la que muchos quisieran ver la Constitución de Costa Rica cambiada es porque ya no refleja sus ideas.  O mejor dicho, sus ideas dejaron de estar en consonancia con aquellas plasmadas en la Constitución ya hace rato.  Si uno se ocupa un momento en leer de dónde surge el movimiento de los indignados en España, se encuentra rápidamente con el nombre de Stéphane Hessel y el ensayo “Indignez-vous”, que se ha traducido al Español como “¡Indignaos!” y que en tico es más bien “¡Indígnese!”, así, en imperativo.

Si no ha leído ese texto, vaya, léalo, es corto, no le debería tomar ni media hora, aquí espero, porque no tiene sentido hablar del tema si uno no sabe de qué está hablando.

¿Ya leyó? ¡Gracias por volver!

El resumen del texto es simple: indígnese, demande que lo que todavía está escrito en la Constitución de nuestro país se cumpla y se respete. El señor Hessel habla de la Constitución de Francia, pero igual podría estar hablando de la de España o la de Costa Rica.  Con una demanda de esa clase, ¿cómo es posible que exista gente que dice sentir afinidad por la demanda, pero no por la ideología que da origen a esa demanda?  Y sin embargo pasa.  Basta poner atención a las noticias que vienen de España y escuchar a la gente que está participando del movimiento: “este es un movimiento apolítico”, “nuestra finalidad no es política”, “el movimiento no es ideológico”, “solo queremos que se respeten nuestros derechos”.  Solo queremos que se respeten nuestros derechos … ¿qué salieron de dónde, perdón? ¿de una bombita de jabón?  Demandar seguridad social; educación de calidad, universal y gratuita; que el Estado se haga cargo de la seguridad cuidadana, todas esas son demandas ideológicas. Entienda esto: existe gente en este mundo que cree firmemente en que cada persona debe estar a merced de sí misma, que los impuestos solo deben ser utilizados para asegurar que una cantidad mínima de cosas existan, y que el resto deben ser pagados de la propia bolsa, y que el que no pueda pagar pues que se muera.

Si se presentan cualquiera de esas demandas, pero no se envuelven con una ideología clara y contundente, diey, terminamos con algo muy parecido a Costa Rica, donde en el papel dice que la educación es universal, gratuita y obligatoria, pero en la realidad a eso se le ha ido agregando conforme pasa el tiempo “y de una calidad cuestionable.”  En el papel tenemos seguridad social para todos, pero en la práctica se ha venido relegando cada vez más a ser un sistema de segunda categoría, hasta el día que nos toca la intervención o el tratamiento que no podemos pagar, y ahí vamos otra vez a tocar la puerta de la Caja.  La seguridad pública la tenemos garantizada, pero en la realidad la hemos venido desfinanciando y substituyendo por sistemas privados mal regulados y mal supervisados, que ponen armas en manos de gente que no está preparada para utilizarlas. Es decir, el papel dice una cosa, y a falta de una ideología que nos impulse a defender lo que el papel dice, a indignarnos, la realidad es otra.

En el estado actual de las cosas, la nuestra no es la indignación de la que habla Hessel, que dice que “la peor de las actitudes es la indiferencia, el decir “yo no puedo hacer nada, yo me las apaño”. Al comportaros así, perdéis uno de los componentes esenciales que hacen al ser humano. Uno de sus componentes indispensables: la capacidad de indignarse y el compromiso que nace de ella.” A la par de ese compromiso siempre debe estar una noción clara de cuales son los fines y los medios para alcanzarlos.  Cuando a Gladys Marín le propusieron una donación cuantiosa a la Teletón a cambio de que besara a Joaquín Lavín, ella dijo que no, pues “los medios deben ser claros y precisos.”  En ese sentido es que la nuestra no es la indignación de la que habla Hessel, lo nuestro es simplemente hartazgo, que no es lo mismo.  Hessel habla por ejemplo de ATTAC, la asociación por la tasación de las trasnsacciones financieras y de ayuda a los ciudadanos, pero estoy seguro que es solo una mínima parte de las personas que dicen ser parte de los indignados en Costa Rica los que saben que ATTAC existe o qué hace.  Si se quiere indignar porque suben los precios del arroz y los frijoles, ¡indígnese!  Pero entienda que esa indignación debe tener una finalidad, y que la forma para llegar ahí importa tanto como en fin mismo.

Hessel llama a “una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen como horizonte para nuestra juventud más que el consumismo de masas, el desprecio de los más débiles y de la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos.”  Y cierra su artículo con una lección: “crear es resistir, resistir es crear.”

Vaya, cree.

Dejando de lado que nuestro movimiento de ocupación no es tal — porque está lloviendo, hace mucho frío, tengo que ir a ver el partido y/o mami no me deja — hay dos cosas que resultan un poco deprimentes.

Primero, que en su mayoría en el movimiento hay personas enamoradas de las “redes sociales”. En Costa Rica tenemos desde hace años una cosa curiosa: gente que habla de y mira a las redes sociales, y más concretamente a Twitter y Facebook, como si fuesen un fin en sí mismas. Se descosen en elogios para todas las cosas que han sido posibles gracias a las redes sociales. Ahí teníamos a María Luisa Ávila y Leonardo Garnier maravillados por la cercanía con “la población”; a Juani Guzmán y Carlos Sojo por todas las “interacciones” y “empoderamientos”; y a Amelia Ruena porque “ay, ¡que lindo como se manifiesta la gente!”. No importa qué salga de eso, esta gente va a decir que es algo bueno porque ocurre en las “redes sociales”. Se les olvida una y otra vez que las “redes sociales” en Costa Rica son, con suerte, el 1% del 25% que sí tiene acceso a Internet, es decir, mucha menos gente que la diferencia entre el sí y el no en el referendo del 2007. Y que de esa poca gente, la que sí levanta el trasero de la silla para ir a “ocupar” la plaza será, otra vez, el 1% de esos, porque acá, en Costa Rica, lo que nosotros tenemos son “activistas” muy buenos para hacerle click a cuanta carajada aparezca en el “timeline”, y muy malos para cualquier otra cosa.

Segundo, que, incluso lo que solo hacen click, carecen de plan y destino. Y esto es algo que comparten con los indignados de España. Desde que comenzó ese moviento al otro lado del charco me ha venido llamando la atención como el discurso es un discurso de, en efecto, indignación: no nos dan trabajo, no nos dan un sitio para vivir, no nos pagan suficiente, no nos proveen de alimentos, no nos esto y no nos aquello. En España, donde sí tienen la posibilidad de pedir que el gobierno entregue el poder por el mal trabajo que ha venido haciendo, no están haciendo eso, porque “todos los políticos son iguales”, y de entre los millones que dicen que están en sus filas, no sale ni uno que pueda gobernar el país. Esa es la desconexión entre la protesta y la realidad: no quieren usar los medios que están disponibles para que esa protesta se convierta en resultados concretos. Acá en Costa Rica no podemos llamar a elecciones adelantadas, nos tenemos que chupar cualquier gobierno, sin importar que tan malo sea, por cuatro años (sino, vean los últimos 20 años) y resulta que cuando sí tenemos la posibilidad de cambiar algo, vamos y votamos para poner a las mismas ideas en el poder (sino, vean los últimos 20 años).

Tenemos suficientes problemas (ambiente, salud, educación, empleo, distribución de la riqueza, seguridad, y un eterno etcétera) y hemos tenido suficientes oportunidades para cambiar de rumbo, pero tenemos un problema que es de base: el caballero vestido de blanco en el video dice que “la única manera no es que alguien diga que tenemos que hacer, sino que entre todos lo decidamos”. Eso es simplemente una manifestación de nuestra alergia colectiva a la ideología, a la lucha por aquello en lo que creemos, a no decir (y decidir) lo que pensamos porque alguien nos puede estar oyendo. Es la maldición que cargamos desde la independencia: esperemos que se aclaren los nublados del día.

Señores, el día no puede estar más claro. Ahora lo único que queda es decidir, y si no decidimos nosotros decidirán por nosotros. No se vale decir que estamos indignados por eso.

R.50. Migrar a software libre en un plazo máximo de dos años.

Entre los años 2008 y 2010 la CCSS pagó mas de 5.000 millones de colones por concepto de licencias de software, incluyendo software ofimático, soporte de aplicaciones web, soporte de bases de datos, software de seguridad (antivirus, filtros de contenido, certificados de seguridad) y otros. Para los años 2012 a 2016 la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones estima que un gasto por este concepto de 9.642 millones, de los cuales cerca de la mitad corresponde a licenciamiento de software ofimático y de productividad, es decir, las aplicaciones de escritorio (procesadores de texto, correo, acceso, navegación, antivirus, etc. de todas las computadoras institucionales del país. Dado que para la mayoría de esas aplicaciones existe software libre, gratuito, se recomienda iniciar un proceso de migración hacia ese tipo de software, de forma que en un máximo de dos años se hayan sustituido la mayor parte de los sistemas operativos y de las aplicaciones de escritorio.

Es una recomendación muy bien intencionada, pero muy lamentable también, pues está a todas luces centrada en la gratuidad del Software Libre y no en las verdades fortalezas que puede aportar a la institución. En una manera muy similar a la reciente resolución del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se centra en el tema de las aplicaciones de ofimática, las cuales podrían ser, casi con seguridad, las que generen la experiencia más traumática de todas (y esto no porque los paquetes ofimáticos libres sean malos, todo lo contrario, sino porque son exactamente las aplicaciones en las que los usuarios ponen más resistencia al cambio). La CCSS debería más bien dirijir esfuerzos a la creación de un sistema de expediente electrónico montado sobre estándares abiertos y Software Libre, que permita el intercambio rápido, eficiente y seguro de la información de los pacientes entre centros hospitalarios, clínicas y profesionales de la salud (y al igual que la resolución de la UCR, es posible que cualquier resolución de parte de la CCSS en este sentido deje huecos por los cuales puedan pasar camiones).

Es evidente que la CCSS tiene una lista particular de requisitos en términos de qué debe estar contemplado en un sistema de esta clase, pero también es cierto que los requisitos que la CCSS pueda tener no serán significativamente distintos de los de otras instituciones similares. Ya existen al menos dos desarrollos para la administración de registros de salud, FreeMED y GNU Health. El problema tampoco es nuevo, y de eso da fe el hecho que existen otras formas de abordarlo. Lo que tampoco es nuevo es que habrá mucha gente interesada en que las cosas se hagan de cierta forma (e incluso para esta altura ya habrán saltado los que aplauden la recomendación de utilizar aplicaciones de ofimática libre), la cual, dada la falta de profundidad de la recomendación citada, es posible que logren influir en demasía en la dirección que esto pueda llevar, desperdiciando la oportunidad que se le presenta al país para hacer las cosas bien ahora que puede. Si se aprovecha esta oportundad es posible que en algunos años incluso podamos hablar seriamente de Software Libre para asistir a los médicos, no a los administradores, en el ejercicio de su profesión, pero si hoy nos quedamos pegados en la solución de corto plazo, lo único que vamos a estar haciendo en el futuro será seguir pegando remiendos.

Desde mi punto de vista el problema con las cámaras de vigilancia no está en las multas (la ley es clara, se viene anunciando el tema desde hace meses, bastante falta que nos hace una aplicación de la ley) sino más bien en las cámaras propiamente. Comenzamos con esta locura en las municipalidades de San Pedro y San José, que instalaron cámaras de vigilancia en las calles dizque para mejorar la seguridad en las calles. Ahora vamos con cámaras para controlar el tránsito, y a como pinta la cosa cada día serán más. Sabiendo como somos en Costa Rica, eventualmente llegaremos a la situación de Londres, donde las cámaras están por doquier y no sirven para el propósito con el que fueron vendidas.

Sin embargo, tratando de encontrarle la comba al palo, las cámaras en Costa Rica también sirven para señalar corrupción en el gobierno. Del alcance 67 de La Gaceta se desprende la siguiente información:

Parece que tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo que creen que la ley no es con ellos. Como ya había comentado en otra ocasión, en el programa radial “desde la carretera” obviamente defienden a los funcionarios del Ministerio de Transportes que irrespetan la Ley de Tránsito, aduciendo que sus funciones les otorgan tales privilegios. En la realidad, la Ley de Tránsito contiene pocas y claras excepciones respecto a las acciones que nos están vedadas a todos los ciudadanos pero permitidas a los funcionarios del Estado. La más notoria quizás es que a los oficiales de la policía de tránsito en motocicleta les está permitido circular entre vehículos siempre y cuando se encuentren en el cumplimiento de sus funciones. También se da prioridad de paso los vehículos de emergencia, siempre que se identifiquen por medio de señales visuales y sonoras características. En otras palabras: no tienen carta blanca para ignorar las disposiciones de la ley.

Nótese que la lista contiene una gran cantidad de vehículos con placas no oficiales, y por ende posiblemente son vehículos que no se encuentran identificados como pertenecientes a las respectivas instituciones. Estos son vehículos que circulan muy por encima del límite de velocidad permitido y que los demás usuarios de la vía pública no tenemos forma de saber si están en efecto atendiendo una situación de emergencia (en el caso de los vehículos del MAG, estarían atendiendo una mastitis, o algo similar).

Es de esperar que ahora que hay evidencias, todos estos funcionarios por fin comiencen a predicar con el ejemplo, y que no ocurra más bien que les levanten las infracciones gracias a un par de llamadas telefónicas.

Me ha costado algunos años aceptar la conclusión que en Costa Rica necesitamos instituciones de educación superior de caracter técnico (que el ITCR, a pesar de su nombre, no es). Por un lado algunas empresas se quejan profusamente que los graduados universitarios necesitan ser entrenados en temas específicos antes de poder ser “productivos”, y que el entrenamiento en el trabajo es altamente ineficiente y costoso, debido principalmente a que la gente a cargo de tal cosa generalmente no sabe de didáctica. Lo que estas empresas quieren podría ser cubierto por institutos técnicos. Por otro lado, algunas personas no quieren una carrera universitaria, como el caso del señor que se quejaba en la radio, lo que quieren es formación técnica. Alguna gente quiere que le enseñen como llevar una planilla, ó como mantener un inventario, ó como coordinar líneas de producción. Es decir, alguna gente quiere que le enseñen cosas “prácticas”. Eso es lo que hace un instituto técnico. Una universidad forma otra clase de profesionales.

El problema con la educación superior en Costa Rica es que en las últimas décadas ha tratado de complacer ambas demandas, las de las empresas y las de las personas, y en el proceso ha bajado la calidad de la enseñanza universitaria. Consideren por ejemplo las universidades privadas: un dentista de una universidad privada podrá ser muy bueno reparando piezas dañadas día tras día, pero nunca en su vida hará algo ni siquiera cercano a investigación (y lo mismo se puede decir de sus médicos y psicólogos y … y … y …). Las universidades privadas son realmente institutos técnicos. Pero las universidades públicas las perciben como competencia, en parte porque han atraído a sus docentes y en parte porque los medios presionan para que las universidades públicas sean más como las privadas (y nadie presiona en el sentido opuesto). Y a fin de lograr esto, las universidades públicas se ven obligadas a eliminar de sus currículos materias de esas que son “muy abstractas” para dar espacio a las que son más “prácticas”. El problema crece cuando se nota que algunos de los graduados de este sistema se convierten en profesores de esas mismas instituciones, diluyendo aún más la calidad de la enseñanza. Las instituciones privadas sufren de este mismo problema, magnificado por el hecho que la base con la que comienzan es muy inferior.

No digo que las universidades públicas deban convertirse en instituciones de élite y dejar “la mostacilla” a las privadas. Por el contrario: necesitamos instituciones públicas de caracter técnico que marquen la pauta. De lo contrario corremos el riesgo que las instuticiones privadas se conviertan en la única opción para tanto las empresas como las personas que buscan y prefieren esa clase de educación, y que a la vuelta de algunos pocos años tengamos en nuestras manos cantidades y cantidades de así llamados profesionales que carecen completamente de las bases necesarias para resolver problemas y que en su lugar se limitan simplemente a esperar que otros les indiquen cuáles son las soluciones. Es decir, corremos el riesgo de condenarnos eternamente a ser una maquila, tecnológica, pero maquila al fin.

Irónicamente este año me tocó vivir más de cerca el otro 11 de setiembre, el de los Estados Unidos. En la tele ha sido un día extraño: recuerdos y entrevistas interminables, uno tras otro tras otro, paradójicamente bajo el lema de que, si tan solo el lenguaje les diera para eso, el olvido está lleno de memoria. Hablan como si un gobierno extranjero, totalmente ajeno a sus ciudadanos, a sus intereses, a sus sueños y a sus esperanzas, hubiese venido y les hubiese arrancado algo, cuando el efecto más notorio en realidad lo hemos vivido los que estamos fuera, los que hemos pasar por cantidades aparentemente interminables de controles y revisiones, de las que ni siquiera bromas podemos hacer, sopena de castigos pétreamente aplicados pero nunca comunicados, porque un gobierno que no es el nuestro le dice al que si nos pertenece que ó se une al programa ó le apretamos otro poco más la cadena.

Es extraño ver como tantísima gente conecta tan empáticamente con los supervivientes de las 3000 personas que perdieron la vida en el atentado, pero no pueden hacer ni la décima parte de eso ni por los supervivientes ni por los desplazados en Chile, que en total son al menos cien veces más. Es como si lo que pasó en el sur hace 37 años fuese poca cosa, parte del paisaje, pero lo que pasó en el norte hace diez sí es digno de atención, hasta apocalíptico.

Ese es el caso de la señora Presidenta de la República, el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Comunicación, y por lo visto todos los diputados de Liberación Nacional. Al día de hoy todos ellos continúan lamentándose por la falta de un “interlocutor” para la oposición. Comenzaron haciéndose los tontos respecto a que Alianza por Costa Rica tenía como objetivo la elección del directorio legislativo, es decir, es una alianza alectoral, no una alianza ideológica. Si fuese una alianza ideológica, tendría todo el sentido del mundo esperar un interlocutor. Pero con una alianza electoral, cuyo objetivo es ganar una elección, es totalmente iluso esperar tal cosa. Evidentemente salir en la prensa exponiendo tal expectativa tiene como intención crear presión sobre la agrupación para obligarlos a tal cosa y eventualmente resquebrajar el pacto a cuenta de las evidentes diferencias internas que se generarían. El problema es que pasaron de hacerse los tontos a creerse el cuento que ellos mismos estaban contando, y por eso hoy se muestran “enormemente desilusionados”.

Señores, entiendan: la forma en la que se ha venido conduciendo la Asamblea Legislativa, desde su directorio, durante los últimos diez o veinte años, es lo que ha causado una buena parte de los problemas por los que está pasando hoy en día. Ha sido tradición de la presidencia repartir entre los amigos y enajenar a los que no lo son. Se ignoran arbitrariamente reglamentos, procedimientos, apelaciones, solicitudes, etc. Pacheco era una estrella en esto y Villanueva todavía peor. Alianza por Costa Rica se formó simplemente como una reacción al abuso y la matonería política de los recientes años. Dejen de buscar un pacto ideológico donde no lo hay, estos son simplemente las víctimas de abuso que por fin levantaron la mano y se atrevieron a pararle el puño al matón de la escuela.