03-30-2006
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en la sesión 5058 del 28 de marzo del 2006 se pronunció oficialmente en contra del CAFTA y recomienda a la Asamblea Legislativa no ratificarlo.
Fundamenta la desición de la siguiente manera:
3.- El Estatuto Orgánico, en el artículo 3, establece como propósito de la Universidad de Costa Rica el “(…) obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.” Adicionalmente, en el numeral 4, señala que para “(…) este propósito, la Universidad estimulará la formación de una conciencia creativa, crítica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense, que permita a los sectores populares participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional.”, por lo que, desde esta óptica y en sentido amplio, este proyecto de ley le concierne a la Universidad, no desde una perspectiva técnico-constitucional de consulta obligada de aquellas leyes que afecten su organización, sino desde un punto de vista de cumplimiento de sus potestades (poder y deber) constitucionales y los fines encomendados en la Carta Magna.
5.- El proyecto de ley Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos define reglas supranacionales, con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos, en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza, como la propiedad intelectual, el ambiente, la inversión, la agricultura, los temas laborales, las disputas judiciales, las políticas públicas y el papel del Estado.
Respecto a propiedad intelectual, en la resolución se lee:
El TLC nos obliga por primera vez en la historia a otorgar propiedad intelectual (PI) sobre formas de vida superiores como las plantas (Convenio de la UPOV, el cual el Gobierno había anunciado que sería excluido del TLC, pero luego lo admitió) a pesar de que la voluntad de dos diferentes legislaturas había rechazado esa posibilidad ahora impuesta clara e inconstitucionalmente.
Los esfuerzos nacionales de protección del conocimiento tradicional y de la biodiversidad podrían considerarse “barreras al comercio”, “restricciones de acceso a mercados” o “imposición de requisitos de desempeño”
El texto completo de la resolución consta de unas 26 páginas.