04-24-2006
Este país era diferente: José Joaquín Trejos cumplía años e iba de salida, José Figueres Ferrer no cumplía años pero iba de entrada; se estimaba que la cobertura boscosa del país era de menos de 50% (algunas estimaciones decían menos de 40%); los medios de comunicación constituían casi un monopolio. Y había una compañía estadounidense que gracias a un contrato entre ellos y el gobierno saliente adquiría el 0,6% del territorio nacional para remover más o menos un metro de tierra de la superficie y extraer bauxita, a partir de la cual se produciría aluminio.
Esa compañía se llamaba ALCOA: Aluminum Company of America. Hoy en día ALCOA está presente en 43 países del mundo. Uno de los directores de ALCOA es Ernesto Zedillo (sí, ese Ernesto Zedillo). Otro es Carlos Ghosn, CEO de Renault. Otra es Kathryn Fuller, quien pesidió el “Fondo mundial para la conservación de la vida silvestre” (sí, la WWF). ALCOA explota el aluminio en el mundo, junto a otras ocho compañías, y dependiendo a quien se le pregunte, el negocio de todas ellas es destruir terreno fértil para convertirlo en aluminio. ALCOA tiene del orden de 120 mil empleados a nivel mundial (en promedio — grosero, yo sé — son poco menos de tres mil en cada país donde tienen representación).
Hoy en día las manifestaciones de ALCOA — que estrictamente hablando no tuvieron efecto alguno, pues la Asamblea Legislativa ratificó el contrato — se ven como una especie de ícono en la historia de los “movimientos sociales” en el país. Se usa ese movimiento como referente para todos los que vinieron después (aquella reforma fiscal de Thelmo Vargas, o el combo del ICE, o ahora el CAFTA), pues se dice que se explusó a la transnacional del país. Parece que mucha gente ignora que hoy en día ALCOA opera en Costa Rica, y lo ha hecho durante casi 20 años. No lo hace explotando bauxita — o al menos no en las dimensiones que quería hacerlo en Pérez Zeledón — sino produciendo empaques plásticos, pero opera. Cuando ALCOA se retiró del Valle del General lo hizo porque dijo que la calidad de la bauxita obtenida no era suficiente para hacer que la operación fuese rentable, no porque tuviesen casi en forma constante a estudiantes de colegio frente a las instalaciones de la compañía en protesta por su prescencia.
¿Por qué se protestó contra ALCOA? En el contrato se entregaba a la compañía la explotación de 300 km2, se le daba escencialmente toda el agua que pudiese ocupar y se le daba la energía eléctrica a precios casi de costo (¿suena conocido? Es porque hay una compañía operando en estas condiciones en Costa Rica, aunque tal vez no son 300 sino solo tres los kilómetros cuadrados). Cierto profesor de la UCR cuyo nombre escapa a mi memoria escribió un artículo denunciando esto y eso fue como un polvorín: ¡se estaba entregando el territorio nacional a una transnacional! ¡se comprometía la soberanía!
La FEUCR trabajó durante más de un año — ¡tiempos aquellos! — organizándose y educando (algunos dirían indoctrinando) a los estudiantes, primero de la UCR y luego de secundaria en todo el país, respecto a las consecuencias que la operación de ALCOA tendría sobre … si no leo mal el discurso de aquella época, básicamente los efectos serían sobre el país.
Algunos quieren establecer un paralelo entre “ALCOA” y la lucha contra el CAFTA, admitiendo por supuesto que el CAFTA es varios órdenes de magnitud más grande en término de impacto sobre … bueno, el país. Si ALCOA ocurriera hoy, probablemente tendíamos a economistas diciendo que “el impacto sobre la dinámica laboral” (los tres mil empleos mencionados antes), “el encadenamiento productivo” (por aquello de que ALCOA ocuparía soda y la teoría de administración de empresas dice que es mejor dejar que otro se coma el pleito con la CCSS, así que contraría a un proveedor, ergo doña Chala podría entonces ir a ofrecerse de cocinera ante el mismo), “la dinamización del sector productivo” (porque en la lista de exportaciones de Costa Rica diría también “alumnio” y sería igualmente una tajada grande del PIB), y nos contarían de todas las ventajas de dejar a la compañía operar tranquilamente y con beneficios en el país.
No nos estarían diciendo nada respecto a la pérdida de un ecosistema, mucho más grande que los 300 km2 de la mina a cielo abierto. No nos dirían nada de la pérdida irreparable de tierras de cultivo. No nos dirían nada respecto a la contaminación de la atmósfera (Trinidad y Tobago logró hasta ahora que ALCOA firme un acuerdo de no contaminación para que cambien sus métodos de minería por unos que tengan un impacto menor sobre el aire).
Llamarían a aquellos que hablasen en contra irresponsables y preguntarían que quién le va a dar de comer a las tres mil familias que no tendrán acceso a empleo por su culpa. Preguntarían también que cuál es la alternativa que le ofrecen al país que necesita de ALCOA para progresar y así cumplir con la meta de ingresar a la lista de países desarrollados en el año 2026.
Lamentablemente aquellos opuestos al ingreso de ALCOA estarían hablándonos de la soberanía nacional y del territorio, y el tema del impacto ambiental — es decir, el verdadero problema con ALCOA — ocuparía un plano secundario.
Caeríamos muy probablemente en siísmos y noísmos.
ALCOA, a diferencia del CAFTA, no era un asunto binario, no era de sí o no. Se podían renegociar condiciones. El 24 de abril se ratificaba el contrato en la Asamblea, en tercer debate. Y se ratificó. Y pasó toda una administración sin que ocurriera algo al respecto. De hecho se quiso hacer un convenio, dicen que por 400 millones de dólares, con ALCOA y la Unión Soviética, para operar una refinadora de aluminio en Guanacaste y crear un embalse para la producción de energía eléctrica — que la refinadora requería. Curiosamente el proyecto murió porque sectores se oponían a la cooperación con aquella nación de comunistas (no fuera a ser que el país se contagiase).
¿Aprendemos algo del pasado? Vale aquello de “quienes desconocen su historia están condenados a repetirla”.