07-31-2009
Recientemente la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera afirmativa el proyecto de ley para que el Estado utilice Software Libre de forma preferencial, tal como reportaron algunos medios de comunicación. La motivación detrás del proyecto es fundamentalmente presupuestaria, cosa que se aprecia en las referencias al gasto por parte del INS de ¢650 millones en el 2007 para el pago de licencias de software, a los ¢142 millones por parte del INA para el mismo rubro y más recientemente del MEP por ¢350 millones en un proceso de renovación de las licencias del software que ya tiene.
Tal motivación no es la mejor para un proyecto de esta naturaleza y de esa forma lo expuso la Red Costarricense de Software Libre ante la comisión. La RCSL defiende más bien la postura que este proyecto, bien aprovechado, puede ser una importante herramienta de ascenso socioeconómico. En este momento en el Estado costarricense existe una preferencia de facto por software de naturaleza privativa e incluso llega al extremo que algunos carteles de licitación solicitan programas informáticos por nombre y apellido, a pesar de que en el mercado existen múltiples alternativas que pueden satisfacer los mismos requerimientos (no todas libres). Ante esta situación, alguna gente quiere pararse en el medio del río y aboga por una suerte de neutralidad en temas tecnológicos. Y he ahí lo raro, pues cuando por una parte defienden ferozmente la libertad para elegir, por otra parte no quieren permitirle al Estado exactamente eso: que elija. Peor aún, demandan constantemente un funcionamiento más eficiente de parte del Estado, pero no le permiten que realice la labor que le toca, a saber dictar políticas de Estado, y en su lugar lo conducen a la invención constante de la rueda al verse prácticamente obligado a la aplicación de medidas cortoplacistas.
Si el único efecto que se busca es el de ahorrar dinero, esta ley no es necesaria. Ya lo han demostrado tanto las Municipalidades de San Ramón y Esparza como Acueductos y Alcantarillados, que sin ley alguna utilizan Software Libre desde hace rato. San Ramón específicamente se ubica entre los 10 municipios con mejor infraestructura tecnológica del país y gracias al uso de Software Libre reporta un ahorro de más de ¢14 millones por año además de una mejoría en el rendimiento de las aplicaciones. Además nos brinda una oportunidad para ver lo que podría ocurrir de aprobarse el proyecto, ya que en San Ramón no utilizan Software Libre para la totalidad de sus actividades: 80% de las computadoras todavía utilizan algún sistema operativo privativo, pero solo 5% utilizan una suite de ofimática privativa, y sus razones tendrán para tal cosa. Pero más importante: la municipalidad ahora está en posición de distribuir entre sus habitantes el software, contribuyendo de forma significativa en la reducción de la brecha digital, pues hay que recordar que al adquirir una computadora de ¢250 mil colones se necesitan en promedio ¢350 mil adicionales para pagar las licencias de software respectivas en caso de optar por versiones privativas. Esto mismo podría lograrse a mayor escala a través de los Centros Comunales Inteligentes, de los cuales hay más de un centenar instalados por todo el territorio nacional, que adicionalmente podrían ofrecer programas de capacitación en el uso de este tipo de software, para lo cual el MICIT ya tiene en marcha un proyecto.
Precisamente para que estas iniciativas se sostengan y se fortalezcan en el tiempo es que necesitamos una política de Estado en este tema. De aprobarse este proyecto se convertirá con seguridad en un detonador para la aparición de empresas costarricenses dedicadas a la venta de servicios en torno al Software Libre. Tenemos en Costa Rica muchísimos recién graduados en Ciencias de la Computación que pueden ofrecer no solo capacitaciones sino además desarrollos a la medida, que se facilitan enormemente gracias a la disponibilidad del “código fuente” de los programas — requisito indispensable para que sean libres. Esto significa que un joven emprendedor no necesita entrar en negociaciones con un tercero para obtener la información y autorización necesarias para modificar los programas en la forma que un cliente se lo solicite sino que puede proceder de forma inmediata, negociando con su cliente los términos bajo los cuales ocurrirían estas modificaciones. Aún más, puede tomar sus mejoras y hacer uso de su conocimiento experto para ofrecerlas a otros clientes. En una línea diferente, adoptar esta clase de política de parte del Estado llevaría naturalmente a que los centros educativos ofrecieran esta opción a sus estudiantes, los cuales podrían obtener sin costo alguno copias legales de los programas para llevarlas a sus hogares. Con esto estaríamos contribuyendo a reducir los índices nacionales de la así llamada piratería informática, en razón de los cuales el país ya se ha visto expuesto a sanciones internacionales.
Si bien el proyecto ni dice ni debería decir algo respecto al Software Libre en relación con los ciudadanos y las empresas privadas, a estas últimas en la Unión Europea se les recomienda utilizarlo como un factor que puede ayudar a mejorar su competitividad. Y si el Estado adopta la utilización de Software Libre, indirectamente estará adoptando también el uso de formatos de intercambio abiertos, de lo cual se beneficiarán tanto ciudadanos como empresas, pues no se verán obligados (por parte de Estado, ¡nada menos!) a adquirir programas privativos para poder interactuar electrónicamente con las instituciones, cosa que hoy en día ocurre con frecuencia.
Entonces sí, bajo esta óptica el Software Libre es efectivamente mejor.