07-19-2015
En este artículo voy a mencionar varias publicaciones del periódico La Nacion y no voy a incluir enlaces a ninguna de ellas. Si quiere saber por qué, lea esto.
Todo parece haber comenzado con el artículo que La Nación tituló “ICE paga a misceláneos y peones hasta ¢1,4 millones”. Yo siempre me he preguntado en cuál curso le enseñan a los periodistas a redactar titulares sensacionalistas, porque esto no es otra cosa que eso. El artículo lo que intenta es realizar una comparación entre los salarios del sector público y los del sector privado. Básicamente establece que los salarios del ICE son cuatro veces más altos. El artículo señala, como quien no quiere la cosa, que el dato citado se refiere al salario de una persona en particular y no al de todos los “peones” del ICE, y procede a mencionar que el promedio de los salarios de todos los “peones” del ICE es de 585 mil colones, casi la tercera parte del número en el titular. El titular podría haber sido “peones del ICE ganan en promedio 70% más que en el sector privado”, pero no hubiese tenido el mismo efecto.
Creo que es necesario dar un paso atrás y volver a la aritmética de primaria. Si ocho peones del ICE ganasen ¢343 mil colones y dos ganasen los ¢1,4 millones del titular, el promedio de sus salarios sería ¢554 mil colones por mes, es decir, en promedio ganarían 60% más que en el sector privado. Si ese fuera el caso, ¿sería el editorial… perdón, noticia… aún noticia? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que habría algo extraño en esos dos peones que ganan tanto, pero nadie diría pío por los otros ocho.
O más explícitamente, nadie diría pío por los ocho trabajadores que estarían ganando el salario mínimo, el “problema” serían los que ganasen por encima de este, como si el salario mínimo fuese el único salario que los patronos están autorizados a pagar a un empleado.
La nota se sostiene sobre una publicación que hizo Otto Guevara, el diputado que goza de inmunidad, de todos los salarios de los trabajadores del ICE reportados a la CCSS para el mes de mayo de este año. ¿Y de dónde sacó el diputado esa información? De la misma CCSS, que se la dió cuando él la pidió.
“Suave… ¿¡cómo?!” estará diciendo más de uno.
La Sala IV ha fallado en múltiples ocasiones al sentenciar que la información sobre los salarios de los empleados públicos es pública. La Sala ha llegado al extremo de indicar la información debe ser suministrada con nombres y apellidos, amparándose para ello en la redacción del artículo 30 de la Constitución Política:
ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.
La Sala alega que de otra forma sería posible ocultar “relaciones de amigos o nepotismos”. En el “razonamiento” de la Sala, si la CCSS le dice al diputado “el peón 1 gana 500 mil, el peón 2 gana 499 mil y el peón 3 gana 501 mil” eso serviría para ocultar la relación entre el peón 3 y quien quiera le asignó al él el puesto y el salario. Tal vez eso tiene sentido, pero entonces es necesario subrayar que, notoriamente, en la información que se entrega a la luz de los fallos mencionados, se omite consistentemente el nombre la persona que recomendó, autorizó o realizó la designación de la persona que ostenta el salario que se indica en los datos.
Como nota al margen, es paradójico que el expediente 13-012328-0007-CO, el que contiene el texto de la sentencia 2014004037 de la Sala Constitucional, no se encuentra disponible para consulta en el sitio web del Poder Judicial, pero sí está disponible a través de un tercero. El Poder Judicial también omite indicar quién interpuso el recurso de amparo. Por el contexto que se da el en voto, yo supongo que fue un periodista. La Sala IV ordenó a la CCSS que se le entregara al amparado el listado completo, con nombres y apellidos, de los salarios reportados mensualmente a la CCSS por todas las instituciones públicas entre los años 1990 y 2013 (que de acuerdo a la CCSS, corresponde al 25% de la totalidad de datos disponibles en SICERE). Otra vez para que quede claro: alguien en este país tiene en su computadora lo que constituye (culturalmente) la mayor invasión a la privacidad de cientos de miles de costarricenses de la que se tiene conocimiento público. Y eso no es noticia.
A propósito del SICERE, ¿qué es eso? Es el “Sistema Centralizado de Recaudación”. Es el nombre que la CCSS da al sistema informático donde se almacenan los datos laborales de cada asegurado (nombre, cédula, salario, patrono, puesto, números de teléfono, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, etc). En el SICERE los puestos se describen con términos genéricos (“abogado y notario”, “ingeniero civil”, “economista”, etc), aunque hay términos que son definitivamente extraños y específicos (“arreglista floral”, “inspector de control de calidad”, “peón de minas y canteras”). Mi experiencia personal es que lo indicado en el puesto es bastante antojadizo. Por ejemplo, en mi propio caso ha dicho por años “gerente y subgerente general director y subdirector general …”, cosa que nunca he sido y tampoco es mi intención serlo. En función de eso y viendo los datos publicados por el diputado, mi conclusión es que lo que dice ahí depende del humor de la persona que introdujo el dato, nada más. Por ello creo que el “peón” del título del artículo de La Nación no es realmente un “peón”, sino un empleado relacionado con algo de construcción, con muchos años de experiencia, y que es, bajo cualquier definición, experto en lo que hace. Si La Nación quiere argumentar que un experto en su campo no puede ganar lo que gana en el ICE y que debería estar trabajando en el sector privado, bueno, que escriba otro editorial.
Volviendo al tema del artículo…
El periodista omitió algo importante: viendo los más de 22 mil datos que publicó el diputado, los salarios en en ICE van desde los casi 7 millones de colones hasta los 300 colones.
No, no me equivoqué. Hay una persona cuyo salario reportado a la CCSS en el mes de mayo de 2015 es de trescientos colones.
Viendo eso, y solamente eso, uno está en la obligación de decir “aquí hay algo raro”, pero el asunto no termina ahí. El salario más frecuentemente reportado (la moda) es 650 mil colones. El salario más alto de la mitad inferior (o el más bajo de la mitad superior) es de 852 mil colones. Otra vez: la mitad de los empleados del ICE ganan menos de 852 mil colones por mes y la otra mitad gana más que eso. Y el salario promedio está apenas por encima de un millón de colones. En todo esto hay algo raro y era obligación del periodista cuestionárselo.
Lo que es raro se hace más evidente en el contexto de un comentario en el artículo de La Nación respecto a que el salario mínimo de un bodeguero es de 286 mil colones y que el salario más alto para ese puesto reportado en el ICE es de más de 1,2 millones. Si se revisan los datos provistos por el diputado, uno nota que hay 143 personas cuyo puesto es ese, bodeguero, y de esos hay 2 que ganan por debajo de la suma indicada por el periódico como salario mínimo. ¿Paga el ICE por debajo del mínimo legal? Con seguridad no. ¿Entonces? Lo más probable es que esas dos personas apenas comenzaron a trabajar en mayo. O dejaron de hacerlo. O tenían un permiso sin goce de salario. O algo. Para todas las cosas que SICERE tiene, lo que no tiene (hasta donde entiendo) es la cantidad de días a las que corresponde el salario en cuestión.
Y ahí vamos por mal camino: se reportan en la nota salarios mensuales, pero no se tiene certeza que en efecto sean mensuales. Y eso es exactamente lo que el ICE adujo en respuesta al artículo de La Nación, que algunos de los salarios incluídos en el reporte corresponden a una modalidad extraña de pago contemplada en el código de trabajo: el pago bisemanal, que en la práctica conduce a el pago de 13 salarios mensuales en lugar de 12 (52 semanas al año, pagando cada dos semanas produce 26 pagos en lugar de 24 como la mayoría de la gente esperaría). A la CCSS no le importan ni las quincenas, ni las horas extra, ni los pagos bisemanales, ni nada de eso. La CCSS lo que quiere saber es cuánto dinero recibió el empleado en un mes para calcular lo que nosotros llamamos comúnmente “cargas sociales”. Por ese motivo la gente de recursos humanos se para de manos para convertir de una cosa en la otra, y para el caso del pago bisemanal una práctica común es encaramarle a dos meses del año el 50% del salario del mes “adicional”. Uno de esos meses es, en el caso del ICE, abril, que es, casualmente, el mes del que salieron los datos a partir de los cuales se elaboró el artículo de La Nación.
Y ese es el otro problema: cualquier asalariado de una empresa de mediana para arriba sabe que es raro, muy raro, que el salario reportado a la CCSS en dos meses consecutivos sea exactamente el mismo. Por multitud de razones ese dato varía. Por salario escolar, por vacaciones, por reintegros, por ajustes retroactivos, por bonificaciones extraordinarias, etc. El periodista debió sentirse por lo menos incómodo al tener que trabajar con un único mes de datos y publicar a partir de eso una nota como la que publicó.
Cuando se trabaja con datos, particularmente con grandes cantidades de datos, hay que tener mucho cuidado, pues es sumamente tentador obligar a los datos a decir lo que uno quiere de digan. Si yo tengo el salario de Pedro y de María, no puedo hacer gran cosa con eso. Tal vez María tiene un salario alto. Tal vez Pedro tiene un salario más bajo. Tal vez María es administradora de bases de datos. Tal vez Pedro es ayudante de cocina. No me da para gran cosa. No puedo publicar un artículo titulado “¡mujer tiene salario más alto que hombre!”. Pero cuando tengo grandes cantidades de datos (y 22 mil salarios es una gran cantidad), ¡oh! ¡ahí puedo hacer fiesta! ¡donde hay mucho, hay de todo! Puedo preguntar por máximos, puedo preguntar por promedios, puedo preguntar por las diferencias más amplias, puedo escarbar y encontrar prácticamente lo que quiera. Y si los datos están mutilados, ¡mejor aún, pues puedo dejar volar la imaginación para rellenar los huecos!
Por ejemplo, yo podría decir que la persona con el salario más bajo en el ICE es un peón de construcción que gana 300 colones por mes. Está en la tabla que publicó el diputado. ¿Por qué eso no se mencionó en la noticia? También puedo decir que hay 167 personas en el ICE con un salario inferior a 50 mil colones. También está en la tabla y tampoco se menciona en la noticia. ¿Será acaso que eso está evidentemente mal y por ello mejor lo ignoro para efecto de la nota? Y si eso es asï, ¿por qué lo que es válido para un extremo, no es válido para el otro entonces?
La realidad de los salarios del ICE, a partir de los datos publicados por el diputado, sin opinar nada, sin quitar nada, sin seleccionar nada, simplemente agrupando en bandas de 100 mil colones y contando, se ve así:
Invito a quien tenga curiosidad a examinar los datos. Eso sí, por decencia y respeto a los empleados del ICE, omito los nombres y números de cédula de las personas. El archivo lo que tiene es un identificador genérico, el salario publicado por el diputado y la descripción de SICERE del puesto respectivo.
Por último, caben dos observaciones.
La primera es que La Nación compara los salarios de los empleados del ICE con “estimaciones de compañías que cumplen con las obligaciones de ley”, pero a diferencia del caso del ICE, para las compañías que cumplen las obligaciones de ley no sabemos ni sus nombres ni el de sus empleados. Tampoco sabemos si esas estimaciones corresponden al empleado que acaba de ser contratado o al que lleva 10 años en la empresa, porque créanme, en la empresa privada, al igual que en el ICE, no se paga por el mismo trabajo la misma cantidad.
La segunda es que si La Nación está tan interesada en la transparencia, ¿por qué no da el ejemplo y publica los pagos recibidos por todos sus colaboradores durante los últimos doce meses, junto a sus nombres y puestos que desempeñan, tal cual son reportados a la CCSS? Sus suscriptores, cuyo dinero se usa para que la empresa opere, deberían tener derecho a saber cómo se utilizan esos recursos. Y si no sus suscriptores, por lo menos sus accionistas.