01-11-2018
Hace cuatro años estábamos contemplando la posibilidad de que quedara presidente Johnny Araya, una horrible combinación entre corrupción, oscurantismo y una completa falta de seriedad. No es posible tapar el sol con un dedo: gracias a la serie de ridículos protagonizados por Araya y otros candidatos, ganó Luis Guillermo Solís en segunda vuelta.
Si bien habían muchas expectativas respecto a lo que el primer gobierno del PAC podría hacer, había también mucho temor que no pudiesen encontrar la gente necesaria para gobernar, o que por primerizos no supieran como hacer las cosas. Cuatro años después, hoy todo el mundo apunta rápidamente al “cementazo” como “el gran escándalo de corrupción” de esta administración. Tratando de verlo de forma objetiva, hasta ahora yo no veo indicios de corrupción en la administración. Sí veo muchos signos de estupidez, pero no de corrupción. Hay muchas cosas que todavía necesitan esclarecerse, y yo espero que ocurra de esa forma, pero eso no va a suceder antes de las elecciones. La comisión fue un circo, y el informe es … “poco útil”, al punto que se hace necesario comenzar a leer en la página 256 para siquiera comenzar a entender qué es lo que la comisión encontró o no encontró. A la par de las estupidez, veo también muchas cosas por las cuales estar decepcionados: no cerrar el COSEVI; no avanzar en nada en la reforma fiscal; atolillo con el dedo tanto en “gobierno abierto” como en “transparencia”; pocos cambios en participación ciudadana; poco avance en mejorar la operación de la CCSS…
Pero al final, el gobierno no lo ha hecho tan mal (y eso hasta el PLN lo reconoce). De hecho hizo cosas bien. Por ejemplo, luego de tres administraciones que fallaron en el tema, no solo se arregló la platina, sino que se amplió el puente, como se debió hacer desde la primera vez que apareció el problema. Acá hay mucha gente que rápidamente dice “¡pero tenían que ampliar a cuatro carriles, no tres!“. Ahí uno tiene que recordar que la política es, decepcionantemente, el arte de lo posible.
Más allá de una reparación urgente que nunca debió necesitar de 12 años para completarse, quizás el mayor logro de esta administración, y el que no es posible ignorar, independientemente de la bandera política que se defienda, es la reducción de la pobreza. Costa Rica es un país altamente desigual y con una cantidad increíble de hogares en condición de pobreza extrema (más de 86 mil, lo que ronda un cuarto de millón de personas). En la periferia siguen estado las zonas con mayores índices de pobreza en el país, a pesar de que son al mismo tiempo las zonas de mayor potencial (más recursos, mayor atractivo turístico, mejores oportunidades de planificación, …). Esto es muy fácil pasarlo por alto para quienes vivimos en el Gran Área Metropolitana.
Esta administración introdujo el uso del “índice de pobreza multidimensional”, que no mide la pobreza solo en términos del ingreso, sino también de educación, vivienda, salud, trabajo y protección social. Es decir, ya no se habla solamente de si se puede pasar de día a día, sino también de la calidad de vida de las personas. El cambio esencial en este gobierno fue dejar de ver la atención de la pobreza como un tema asistencialista. Esto requirió de la coordinación y colaboración de muchas partes del Poder Ejecutivo.
La pobreza es el tema favorito de los políticos durante las elecciones, y es muy fácil poner el ojo ahí cuando se buscan votos. Otros temas predilectos son seguridad e impuestos (o indirectamente, la ineficiencia del Estado), que se cruzan con la pobreza. Una propuesta seria pasa por entender que pobreza, seguridad, impuestos, inequidad y educación van todos de la mano. No son problemas que se pueden resolver cada uno por su lado, desde torres de marfil que no se hablan unas con otras.
Esta es la razón por la que no puedo tomar en serio los discursos de Antonio Álvarez y Rodolfo Piza, pues en sus ofertas electorales se han dedicado a prometer que números increíbles de personas saldrán de la condición de pobreza, pero cuando se lee la letra menuda de lo que ofrecen, es volver a la visión asistencialista que ya se ha demostrado que hace muy poco para lograr cambios sostenibles en el tiempo. (Y para ellos, que con seguridad entienden eso, el tema es atractivo desde la óptica de una plataforma electoral, pues “regalar plata” es el combustible con el que sigue operando la maquinaria electoral de sus partidos).
Antonio Álvarez, como presidente de la Asamblea Legislativa, ha demostrado incapacidad para cruzar puentes y lograr consensos, que serán habilidades indispensables para el próximo Poder Ejecutivo. También ha demostrado una disposición excesiva a cambiar de opinión según sople el viento, contradiciéndose a sí mismo a veces en el curso de una sola semana. Y como abogado, es decepcionante que no entienda que cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís realiza una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al matrimonio igualitario, lo hace dentro del contexto de un tratado que establece que esa es la instancia donde se deben resolver las diferencias en torno al mismo. No hay tal cosa como diferir por “la forma y el fondo” respecto a opinión emitida por la corte.
Rodolfo Piza por su parte, como presidente ejecutivo de la CCSS, demostró incapacidad para implementar los cambios que ya eran necesarios en ese momento y que son más que urgentes hoy en día. Su discurso es en muchos casos irrealista y a veces hasta revela una falta de entendimiento del funcionamiento básico del Poder Ejecutivo (véase por ejemplo su oferta de hacer un metro en San José).
Tampoco puedo tomar en serio a Rodolfo Hernández, que es básicamente Abel Pacheco versión 1.1. Su programa de gobierno es un revoltijo de ideas que apunta a agradar a todos sin realmente complacer a nadie. Si bien se encuentran algunos atisbos de buenas ideas allí, no hay ningún indicio de que tenga capacidad de ejecución para ninguna de ellas. Si las encuestas indican que una cantidad importante de gente podría votar por él, supongo que es por un lado por el hecho de ser un médico (a uno le gustaría creer que Costa Rica había superado esto hace ya 30 o 40 años) y por otro por estar asociado al nombre de Calderón.
Edgardo Araya es un caso difícil. Es innegable su trabajo en materia ecológica, ¡pero qué difícil votar por un candidato que esencialmente se define como “opositor a”! Es incuestionablemente positivo que el programa de gobierno del Frente Amplio comienza planteando el problema desde el punto de vista de la desigualdad. Señala, con toda razón, que mientras Uruguay, un país en muchos aspectos comparable a Costa Rica, ha sido capaz de llevar los índices de pobreza más o menos el 8%, Costa Rica en el mismo periodo de tiempo se ha mantenido completamente estancada. Los planteamientos Frente Amplio no son diametralmente diferentes a los del PAC, excepto en un punto: proponen niveles de intervencionismo estatal que esta sociedad no tolera (que es, quizás, nuestra mayor diferencia con Uruguay). La otra cosa notable en ese programa de gobierno es que mucho de lo quieren y proponen no pasa necesariamente por cambiar la ejecución de las leyes existentes, es decir, por llegar al Poder Ejecutivo, sino por crear nuevas leyes y modificar las existentes. En otras palabras, el programa de gobierno parece estar escrito para la futura fracción legislativa, y en ese sentido no es, estrictamente hablando, un programa de gobierno.
Y así llego a Carlos Alvarado. La primera diferencia con todos los anteriores es que parece haber una intención seria de gobernar, en oposición, por ejemplo, a simplemente ganar las elecciones. Su programa de gobierno empieza por la educación, y reconoce la necesidad de darle continuidad al fortalecimiento de la infraestructura y también del personal docente y los currículos. Propone además una reforma tributaria (necesaria hace muchos años) acompañada de un saneamiento del gasto y una mejora en la recaudación; evita caer en la trampa argumentativa (para cazar votos) de decir que lo último es suficiente para resolver el problema fiscal que tenemos en este momento. La pobreza propone atacarla fundamentalmente desde el punto de vista del empleo para las personas más afectadas por el problema: jóvenes y mujeres. A la par de eso, propone mantener y expandir la estrategia de “Puente al Desarrollo” que ha sido precisamente la que ha logrado la reducción en los índices de pobreza que se ha observado en la presente administración. Extrañamente, viniendo del PAC, la parte más floja del plan de gobierno es la de participación ciudadana, pero quizás es de esperar, dado que en esta administración se avanzó poquísimo en eso.
En este punto no voy a decir que “creo”, porque la verdad, si bien me he convencido que la propuesta de Carlos Alvarado es la más coherente y con más sentido para Costa Rica, lo que veo en esta elección es un deseo de “sacarse el clavo” de alguna forma: con el PAC, por no cumplir todo lo prometido; con el sistema como un todo, por no resolver mis problemas antes que todos los demás; con la sociedad, por dejarme tirado; con mi vecino, por la razón que sea; con las elecciones, porque de por sí mi voto no va a cambiar nada; …
El 4 de febrero voy a ir a votar, y voy a votar por Carlos Alvarado, con la esperanza de que sea suficiente la gente que ponga al país antes que el partido y él se logre colar hasta el segundo lugar, para ir a una segunda vuelta donde ojalá por fin se pueda hablar de los temas que urge resolver, de manera que nuestros hijos puedan heredar una sociedad más justa y menos desigual.