11-24-2005
Ayer aparentemente era el día de la Contraloría, pues algunos periódicos nacionales se dedicaron a publicar reportajes sobre el informe de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas (ya solo el nombre es “interesante”), donde se dice que la CGR aduce de una falta de transparencia, que abusa del poder asignado y que propicia la lentitud en los trámites. No he buscado el informe así que me voy a abstener de emitir una opinión al respecto basada en lo que terceros dicen (o, peor, cuartos, pues en realidad es lo que yo leo que el diario dice que el informe dice que la contraloría hace o deja de hacer). Por otro lado, en el programa Desayunos de Radio Universidad estuvo de invitado Guillermo Matamoros, gerente de la división de estrategia institucional de la CGR. ¿Casualidad?
Entre la actitud destructiva dedicada a señalar y reseñalar faltas y deficiencias (que existen) y tratar de entender qué se está haciendo para tratar de corregir esas faltas, prefiero lo segundo. Soy científico, por tanto no necesito que me expliquen la necesidad de identificar y entender el problema antes de atacar el problema, eso lo hago todos los días. Pero de ahí a pasar a regurgitar como vaca el problema hay mucha distancia.
Desde mi punto de vista el problema no es la Contraloría como tal, el problema es lo que las leyes permiten que tanto la entidad haga o deje de hacer y qué tanto de eso se está dejando de hacer o haciendo. La Contraloría influye directamente sobre la forma en la cual otras instituciones prestan servicios y ejercen su labor, que a final de cuentas tendrá una repercusión sobre la calidad del servicio que los cuidadanos recibimos. Así uno de los problemas es que la Contraloría está “largo” del cuidadano. Uno puede ir a la Defensoría del Habitante y poner denuncias, pero en realidad uno no va a la Contraloría a quejarse por la forma en la cual un cartel se publica o por la adjudicación que se otorga.
El papel de la Contraloría es ese: control. Y lo que controla es que las cosas se hagan exactamente en la forma que la ley de administración y contratación pública dice que se hagan. Así otro problema es que nuestras leyes tienen procesos ilógicos e irracionales. El caso más claro es probablemente las dichosas líneas celulares que salen cada tercer mes en el periódico. El ciclo va más o menos así: el ICE determina que necesita más líneas, hace un cartel de licitación, el cartel va a la Contraloría, la Contraloría revisa que esté de acuerdo con la ley (hay muchos puntos, pero el más espinoso es el de “trato igual a todos los proveedores”), el cartel se publica, se aceptan ofertas, se toma una desición, se ejecuta el proyecto. Esa es la teoría. En la práctica este último punto se cambia por “se presentan apelaciones a la desición por parte de los participantes, la contraloría revisa las apelaciones y el proceso de licitación, se tira todo para atrás, se saca el cartel otra vez”, enjuague y repita. Si esto fuera la excepción no habría problema, pero no es así. Si la adjudicación realmente está mal hecha hay un problema en la institución interesada, pues quiere decir que no están siguiendo las reglas que el cartel puso. Si es el cartel el que está mal hecho, el problema está en la Contraloría, pues a ella le correspondía rectificar la falta a tiempo. Pero es más complicado que eso, pues la Contraloría en general no puede emitir criterio sobre problemas ténicos (¡para eso está la institución interesada!), sino sobre problemas administrativos. Muchas veces el cartel efectivamente está mal hecho (desde el punto de vista técnico), pero esto lo reclaman los participantes que no resultaron favorecidos hasta el momento que se ha hecho la adjudicación y no antes. ¿Entonces, dónde está el problema, en la Contraloría, en la institución o en los participantes? Yo pienso que es más de lo segundo y tercero y menos de lo primero.
Si la ley estableciese que no se puede apelar la adjudicación (salvo problemas claramente demostrables en la adjudicación misma) sino solo el cartel otro gallo cantaría, pues los participantes se verían forzados a revisar el cartel a priori, para “asegurarse” que sea a ellos a los que les toque el pedazo más grande del pastel (que es lo que en última instancia buscan, ¿o es que alguien cree que a las empresas que participan realmente les importa la disponibilidad de líneas celulares, medicamentos de alta calidad o una carretera en buenas condiciones?). De esa forma nos quitamos de encima todo el problema de la apelación de la apelación de la apelación que tenemos hoy.
¿Son las desiciones de la Contraloría vinculantes? Sí, son vinculantes. El problema es cuando otras instituciones (e.g. Asamblea Legislativa) simplemente deciden ignorar los criterios de la Contraloría, lo cual por definición no puede ocurrir. Eso es un problema no tiene que ver con la Contraloría en sí sino algo más de fondo: este espacio es mío y aquel es suyo, así que Vd. métase en sus cosas y yo en las mías. ¿Suena conocido?
Y la otra cosa: la Contraloría mete mano en la organización de los Festejos Populares en Zapote. ¡…! Esa es una labor municipal, ¡no tiene que ver con la Contraloría! Pero pasamos al otro problema: en Costa Rica las municipalidades tienen poco poder en algunas cosas (ver párrafo anterior) y eso es lo que nos lleva a ridiculeces como esta. ¿Es eso responsabilidad de la Contraloría? Como dice Ana Elena Badilla: por andar cazando hormigas, se le pasan de lado los elefantes.