10-31-2008
Benjamín Franklin dijo hace más de doscientos cincuenta años que aquellos que pueden renunciar a libertades escenciales para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad
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Exactamente eso es lo que está haciendo Costa Rica en este momento. La campaña de terror desatada desde el gobierno y repicada todos los días en los medios de comunicación masiva ha logrado lo que buscaba: está a punto de aprobarse una ley para otorgarle a cuerpos especiales de “investigación policial” poderes excesivos, bajo el pretexto de que en Costa Rica existen grandes cantidades de grupos de crimen organizado, que esta ley define como cualqiuer grupo de tres o más personas que cometa un delito, sea esto por una única vez o no. El razomiento para la necesidad de una ley especial es que la policía se encuentra “impotente” ante estos grupos.
Una vez en esa condición de “crimen organizado”, todos los plazos que pone el Código Procesal automáticamente se duplicarán. Además se establece una enorme base de datos consolidada, compartida entre los diferentes cuerpos policiales, con criterios de acceso más bien laxos.
Encima de todo esto, se establece la “posibilidad” de intervenciones de comunicaciones, análogas o digitales, las veinticuatro horas del día, donde las empresas que prestan el servicio no tienen posibilidad de negarse a participar de dicha acción. Dentro de las razones para permitir la intervención se incluyen “actos de terrorismo o su financiamiento”, y todos recordamos a qué clase de actos llamó “terroristas” el señor Ministro de la Presidencia.
El Fiscal General deberá rendir anualmente un informe respecto a las acciones realizadas que tengan relación con este “crimen organizado”, pero ese informe será secreto, cerrando la posibilidad para realizar control político de los posibles (y probables) abusos que se cometan bajo este esquema. El fiscal podrá solicitar “mejoras”, o sea más financiamiento, si así lo considera necesario.
Para rematar: se designa como “evento crítico” una actividad donde se “sometan” a control de terceros bienes públicos. Con poquísimo ingenio entenderá uno que una manifestación como las de los camioneros en la administración Pacheco o aquellas en la Fuente de la Hispanidad contra el TLC en la administración Arias se pueden designar como “eventos críticos”.
Y existe la posibilidad de levantar el secreto bancario… algo bueno tenía que haber entre todo esto, ¿no?
Aquellos que pueden renunciar a libertades escenciales para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad
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