12-03-2008
El lunes pasado el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, declaró para un periódico nacional que quiere llevar adelante una Asamblea Constituyente.
Me pone en un predicamento, pues yo llevo años apoyando esa idea y llevo la misma cantidad de años viendo con pesar como varios proyectos a este efecto coleccionan polvo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo ver que la idea viene desde lo más adentro del Partido Liberación Nacional me hace dudar de las intenciones. El señor ministro dice que le gustaría ser parte de dicha Asamblea y que además ya tiene propuestas para la nueva Constitución. Dado que no es capaz de siquiera esbozar cuales serías esas propuestas, naturalmente siento más recelo. No soy el único.
Al ver la reacción de otros partidos políticos, en particular de algunos diputados creo que estamos frente a un serio malentendido de cómo funciona el proceso para tal cosa. De nuestra Constitución se lee:
ARTÍCULO 196.- La reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria, deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo.
Lo que dice ahí es que la Asamblea Legislativa debe pasar una ley cuyo propósito es convocar a la elección de diputados para una Asamblea Constituyente, incluyendo que pasa entre el momento que se convoca dicha cosa y el momento que se aprueba la nueva Constitución, siendo lo normal que gobierne una junta de gobierno transitoria. En particular lo que no sucede es que la Asamblea Legislativa redacta y aprueba la nueva Constitución. Así las cosas, el fin de la ley es convocarnos para elegir a nuestros representantes en la Asamblea Constituyente, que tendrá como responsabilidad redactar la nueva Constitución. Cuando Rodrigo Arias habla de referéndum, es únicamente para decidir si se le da el mandato a la Asamblea Legislativa para elaborar la ley de convocatoria.
Viendo los resultados de las elecciones recientes, creo que es justo pensar que la cosa quedaría partida más o menos por la mitad: una gente votando por el amasijo político escondido detrás de Liberación Nacional con una reforma (neo)liberal del Estado; y otros ciudadanos votando por una multitud de fracciones, posiblemente más progresistas, pero con una idea menos coherente de qué quieren. Esto es un problema, pues la intención detrás de elaborar un nuevo contrato fundamental es poner por escrito los deseos la sociedad como conjunto. “Más seguridad”, “más estabilidad”, “más trabajo” no son cosas que se ponen ahí, es decir, lo que la mayoría de la gente respondería a la pregunta “¿es que lo que usted quiere?” no es lo que se pondría en una nueva Constitución. En una Constitución van derechos fundamentales, iguales para todos, es decir, cosas como derecho a la seguridad, al trabajo, a la salud, a un ambiente sano … las cosas que ya están en nuestra Constitución actual.
¿Para qué una nueva entonces? Porque necesitamos reformas fundamentales, posiblemente no las que Rodrigo Arias tiene redactadas, sino reformas dirigidas a que el gobierno sea más responsable ante los ciudadanos. Deshacerse del sistema presidencial y reemplazarlo por uno parlamentario, en el cual los votos de censura valgan de algo por ejemplo y que el primer ministro sea destituible si su labor no es convincente. Es decir, lo que tenemos desde que Óscar Arias llegó cuestionablemente a la presidencia por segunda vez, pero con todos los controles y contrapesos que no tenemos desde entonces. Es improbable que esto sea lo que Rodrigo Arias tiene en mente.
Especulando en torno a la aseveración de Rodrigo Arias que le gustaría ver esta Constituyente en el año 2010, y tomando en cuenta que expresa una preferencia por llevarse el asunto por la vía de referéndum, se puede imaginar uno la siguiente cosa: el Ejecutivo manda un proyecto de ley para convocar el referéndum a la Asamblea Legislativa, donde consumen de aquí a marzo en la discusión de si aprobar o no aprobar tal cosa, permitiendo que el Tribunal Supremo de Elecciones convoque para junio o julio (que es la última fecha posible, dadas las elecciones en el 2010); el referéndum pasa y la Asamblea Legislativa se dedica por lo que queda del 2009 a redactar la ley de convocatoria, suspendiendo las elecciones presidenciales y cambiándolas por la elección de diputados constituyentes en febrero de 2010, posiblemente con la elección al mismo tiempo de una junta de gobierno provisional (sí, así de chambones somos en este país, la junta de gobierno se elegiría “democráticamente”); la Asamblea Constituyente se dedica a la redacción de la nueva Carta Fundamental, teniéndola lista hacia finales de 2010, y suponiendo que no se requiera un referéndum para ratificarla (que sería la segunda chambonada democrática), se convocaría a elecciones en el 2011, elección en la cual casi con seguridad tendríamos entre los aspirantes a mandamás a Rodrigo Arias.
Huele a teoría de conspiración y por tanto improbable, pero de que tiene sentido, tiene sentido. Se pregunta uno si el ministro que considera “terroristas” a ciertos actos de expresión popular es suficientemente maquiavélico como para pensar en estos términos.