04-08-2015
El artículo que publicó hoy el periódico La Nación me dio asco.
Sí, es totalmente cierto, la parte referente a la publicación de notas que vayan en contra de las “buenas costumbres” en el borrador de la propuesta para la nueva Ley de Radio y Televisión es de no creerlo. Es impensable que ese documento haya pasado por manos de un departamento legal que no fuera capaz de decir “esto es inconstitucional, y no necesita ir a la Sala IV para que se lo digan”.
Y sí, es comprensible que los afectados directos, los medios de comunicación, peguen el grito al cielo, incluso si es impensable que esa ley pudiese aprobarse en esa forma en la Asamblea Legislativa.
Pero de pegar el grito al cielo a hacer lo que La Nación hizo hoy hay un enorme mar de diferencia.
Si buscan la página 4A de la edición del 7 de abril de 2015, se van a encontrar un artículo a página completa, con análisis y detalles como La Nación nunca publica. Basta pasar las páginas y comparar con las siguientes noticias: superficiales, sin detalles, sin análisis. Es tan grande el interés de la empresa en el tema que le dedica la mejor página disponible: la 2A la tienen comprometida en tonterías, la 3A es para uso exclusivo de quien pague por ella, la 4A es la primera página con contenido real.
El asunto va más allá: en la nota lastimera, los periodistas destacan como la multa de 140 millones de colones arruinaría a cualquier medio (incluso al que pagó muchas veces más que eso para simular una compra de una máquina). Acto seguido admiten que la propuesta no los afecta, pues se refiere únicamente a medios de comunicación que usufructuen de lo que constitucionalmente es propiedad del Estado, a saber, el espectro radioeléctrico. A los lectores no nos queda otra cosa que creer que el artículo se publica con la única finalidad de defender la valiosísima libertad de expresión con la que contamos en este país. Y para este punto, todavía no he llegado ni a la mitad del extenso artículo.
A la mitad del texto se encuentra uno con una oposición bastante tramposa a uno de los objetivos del proyecto de ley: la creación de emisoras comunitarias. Éstas tienen en Costa Rica enormes dificultades para formarse y operar dado que las frecuencias usables de radio se encuentran en manos de un puñado de empresas, y dados los defectos de la actual ley, es prácticamente imposible que esa situación cambie en el corto o largo plazo. La oposición viene en la forma de la insinuación del deseo gubernamental de crear un “coro” de “emisoras oficialistas”, y sin pausa para respirar, asocia a este “coro” directamente con las emisoras regionales y comunitarias.
Si bien no puedo estar de acuerdo con una ley que abra la puerta para que el gobierno acalle opiniones contrarias, tampoco puedo estar de acuerdo con el status quo en el que los medios de comunicación pueden decir lo que se les antoje sin ninguna clase de responsabilidad al respecto y sin ninguna obligación de aportar elementos probatorios cuando se los requiera. El mejor ejemplo costarricense es aquel famoso caso entre Przedborski y Mauricio Herrera, donde la Sala III indicó que el periodista había fallado en comprobar la veracidad de los hechos que medios belgas atribuían al diplomático costarricense, y por tanto condenara tanto al periodista como al medio a pagar una compensación. Esta sentencia de la Sala III fue luego revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado costarricense a pagar una indemnización al periodista por quebrantar su derecho a la libre expresión en razón de que nunca se comprobó malicia en la actuación del mismo.
Cuando se trata de los medios de comunicación en Costa Rica es esencialmente imposible para el lector diferenciar entre hechos y opiniones pues es frecuente la presentación de las últimas como si fuesen los primeros. Es igualmente imposible conocer la filiación política de los periodistas, los directores o los dueños de los medios, y cuando se les cuestiona al respecto, rápidamente apelan a su derecho a la privacidad. Dada la “S.A.” que sigue al nombre de prácticamente todas las empresas de comunicación, tampoco es posible conocer las afiliaciones económicas o los grupos de interés que se encuentran detrás de ellas, y cuando se pregunta al respecto, se invoca rápidamente la libertad de empresa.
En otras palabras, las personas jurídicas que son los medios de comunicación costarricenses quieren todas las libertades sin ninguna de las responsabilidades de un ciudadano. Montesquieu elaboró convincentemente sobre la necesidad de un sistema de pesos y contrapesos que acompañara la separación de poderes en un Estado, donde, por ejemplo, el poder legislativo puede aprobar leyes, el poder ejecutivo puede vetarlas y el poder judicial puede determinar la constitucionalidad de las mismas. Los medios de comunicación se vanaglorian de constituir el “cuarto poder” en un Estado. Cabe entonces la pregunta: ¿quién constituye el contrapeso de este cuarto poder? ¿solo nuestro buen juicio como lectores, escuchas o televidentes?
Actualización 9/4/2015: Como era de esperar, el gobierno se encuentra produciendo un diluvio de disculpas y yonofuífuétetés. La Nación dedica hoy tres páginas enteras a cubrir la no-noticia y continúa no informando sobre el detalle que la ley propuesta va mucho más allá de las sanciones por las que llora, y que es una ley necesaria y urgente.